El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha citado para este miércoles a ocho personas, para que comparezcan en calidad de imputadas por un presunto delito de usurpación derivado de la ocupación de la parcela de la calle San Luis que antaño albergaba la sala teatral Endanza, en el sector norte del casco histórico de Sevilla. Estas ocho imputaciones se suman a la imputación previa de dos personas que ya han prestado declaración ante la citada instancia judicial.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que se trata, en estos ocho nuevos casos, de personas identificadas por la Policía Nacional en las inmediaciones de la parcela, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El conocido como 'banco malo', en ese sentido, habría reclamado ya al juzgado el desalojo cautelar de la parcela.
Mientras más de cien usuarios de la parcela entregaron ya ante el juzgado "autoinculpaciones" en las que reconocían su participación en las actividades que acoge la parcela, una joven habría entregado también su autoinculpación, pero como participante en la gestión de la parcela y la promoción de estas actividades.
"El centro social ocupado y autogestionado endanza es un espacio vivo, abierto al vecindario, utilizado por los colectivos y movimientos sociales de la ciudad. La especulación urbanística, que condenó al abandono y al deterioro a este lugar durante siete años, no puede ser excusa para volver a privar al barrio de un espacio que pretende ser catalizador de diferentes iniciativas políticas, sociales, culturales y artísticas", alega el grupo de ocupas, que defiende que según el planeamiento urbano vigente, "buena parte" del recinto ocupado debería ser "de uso cultural o zona verde", precisamente "el uso que hoy día tiene".
El origen de la propiedad del edificio, según el colectivo ciudadano que ha ocupado la parcela, se remontaría al Marqués de la Motilla, toda vez que posteriormente fue adquirido por una inmobiliaria quebrada hace más de siete años, lo que finalmente motivó su adscripción a la Caja de Extremadura y, finalmente, su absorción a manos de la Sareb. El colectivo alega que tras quedar "abandonada", era necesario tomar las riendas de dicha finca para ponerla al servicio de la sociedad.
