Casi seis años después de que se iniciara el caso, las irregularidades que rodearon a la venta de los suelos de Mercasevilla parece que llegan al final de su fase inicial después de que la nueva titular del juzgado de Instrucción 16, María Núñez Bolaños, haya remitido al decanato su reparto para determinar qué juzgado de lo Penal verá un caso cuya apertura de juicio oral se dictó el pasado abril y aún seguía pendiente.

La jueza Núñez Bolaños considera que la causa debe ser enviada al decanato para “ser turnada al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, competente para el enjuiciamiento y fallo de las mismas, conforme a las actuales normas de reparto”, según expone en la providencia dictada ayer, con la que hace efectiva la apertura de juicio oral que su predecesora, Mercedes Alaya, dictó el pasado mes de abril y que sustituía a la que ya emitió en diciembre de 2014, que fue recurrida por la Fiscalía. Un año antes, la Audiencia Provincial había tumbado el primer intento de procesamiento por esta rama del caso Mercasevilla.

En esta rama, considerada la “pata” societaria del caso Mercasevilla que investiga la venta “fraudulenta” de suelos de la lonja en 2006, adjudicados a Sando por 106 millones frente a los 158 que ofreció su competidor,  están acusados diez personas, entre cargos públicos, técnicos y empresarios, a las que se atribuye la posible comisión de delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación.

Entre los acusados se incluyen el exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos; el exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet; el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo; y el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero.

También están acusados el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la exjefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamante, y el economista José Antonio Ripollés.

El primero de los delitos se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, al “haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos, un concierto previo” entre los acusados “con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria”.

Y respecto a la prevaricación, “a sabiendas los citados cargos públicos, técnicos y empresarios, se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público” como en la valoración favorable a la entidad Sanma.