El desalojo que sobrecaía sobre una familia que habita sin título alguno la vivienda correspondiente al número 13 de la calle Tres Forcas, en el Cerro del Águila, ha sido suspendido por el juez pero en diez días tendrá aportar al magistrado alguna relación contractual con la vivienda, dado que quien había emprendido acciones legales es la entidad financiera que posee el inmueble,.
La vivienda en cuestión, según ha explicado a Europa Press Francisco, uno de los principales activistas de la Plataforma de Afectados por a Hipoteca (PAH) del barrio de Cerro Amate, pertenecía a una familia que para la adquisición de la misma, había concertado un préstamo hipotecario con una entidad financiera participada por La Caixa. Como consecuencia del impago de las cuotas del préstamo, según este activista, la entidad financiera habría denunciado a la familia en cuestión, que habría abandonado la vivienda hace "varios años".
Fue hace aproximadamente "un año y medio", según Francisco, cuando la familia que habita actualmente la vivienda habría accedido a la misma, aunque sin contar con título alguno para ello, toda vez que la propiedad del inmueble habría recaído finalmente en la entidad financiera que concedió el préstamo a la familia que adquirió esta modesta casa.
LA VIVIENDA LLEVABA "VARIOS AÑOS VACÍA"
"La vivienda llevaba varios años vacía y esta pareja con un niño de cinco meses lleva más de un año haciendo de ella su casa", ha explicado detallando que para este miércoles a las 09,00 horas estaba fijado el desalojo, pero como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas por la entidad financiera contra la familia que adquirió la casa e incumplió sus obligaciones para con el préstamo hipotecario suscrito para ello.
Dado el caso, mientras una quincena de personas, entre ellas la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato y activistas de la PAH, se concentraban ante la vivienda en defensa de esta familia, la Policía Nacional desplegaba en la calle Tres Forcas un furgón y varios efectivos, para escoltar a la comisión judicial. Previamente, hasta la vivienda se había desplazado un equipo de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social del Ayuntamiento de Sevilla.
No obstante, un agente de la Policía Nacional se ha acercado hasta la concentración, para anunciar que el desalojo no se ejecutaría. Tras ello, la comisión judicial ha podido acceder a la vivienda con la anuencia de los miembros de la concentración, comunicando así a la familia en cuestión que aunque el desalojo había sido suspendido, ahora cuentan con un plazo de diez días para aportar al juzgado algún tipo de relación contractual que les ligue a la vivienda.
NEGOCIAR UN ALQUILER SOCIAL
"La orden de lanzamiento era contra los antiguos dueños de la vivienda y ahora a esta familia se le da un plazo para que arreglen la situación", ha dicho Francisco, quien ha anunciado que la PAH va a "pelear" con La Caixa, es decir negociar intensamente, para que la entidad conceda "un alquiler social" a esta familia y dicho contrato les libre del procedimiento de desalojo. "En diez días hay que presentar un documento que les ligue a la casa", ha resumido.
Dado el caso, la Policía Nacional y la comisión judicial han abandonado la escena mientras la concentración se disolvía al grito de "¡Sí se puede!".
