Después de que la sociedad estatal Mercasa, copropietaria de la empresa mixta Mercasevilla junto con el Ayuntamiento hispalense, haya comunicado a dicha entidad el cese automático de Pablo González como su representante en el ente gestor del mercado central de abastos hispalense, Participa Sevilla ha pedido una investigación este domingo sobre las actividades del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Mercasevilla, donde ostentaba la Vicepresidencia Primera en nombre de Mercasa, y que junto con su hermano está investigado y encarcelado por la denominada operación Lezo.
En una nota, el concejal de Participa Sevilla Julián Moreno, tras hacerse público que Mercasevilla habría cesado "automáticamente" a Pablo González, y María Jesús Prieto de su consejo de dirección después de ser detenidos en la 'Operación Lezo', ha advertido que "los tentáculos de la corrupción del PP madrileño podrían salpicar también hasta el Ayuntamiento de Sevilla".
En la 'Operación Lezo' se investiga a varios directivos de Mercasa e integrantes del Partido Popular de Madrid, entre otras personas, por "crear una trama" en la que se habría desviado dinero de los fondos públicos en su "propio beneficio", según recuerda Participa, que añade que, en este sentido, Pablo González "habría logrado sus propias comisiones por operaciones de Mercasa en países como República Dominicana, Angola, Argentina y Panamá".
Pablo González y María Jesús Prieto han sido dos de los máximos responsables de Mercasevilla en los últimos años. Ambos, han participado en sus consejos de Administración, como representantes de Mercasa, que posee el 48 por ciento de las acciones de Mercasevilla, añade Participa.
Esta empresa pública, "nada más conocer la noticia, anunció el cese de ambos directivos como muestra de su firme compromiso para colaborar con la justicia". "Por este motivo, tanto González como Prieto habrían sido cesados automáticamente de Mercasevilla, aunque todavía esta medida no se haya formalizado", añaden desde Participa, cuyo concejal Julián Moreno subraya que "personas que están imbuidas en estos casos de corrupción no pueden tener cabida en el Ayuntamiento de Sevilla".
Según la información que se ha hecho pública desde el inicio de la 'Operación Lezo', en Mercasa se habría realizado, entre otros "presuntos delitos, un desvío de nueve millones de euros para poder realizar sobornos en Ángola y poder expandir los negocios de Mercasa en este país africano", recalca el citado concejal.
"Tanto González como Prieto han estado en el seno interno del Ayuntamiento, como es Mercasevilla, por lo que éste debe manifestarse repudiando las acciones que estas dos personas habrían realizado", según Moreno, que añade que "ahora ambas personas deben ser cesados en los propios órganos de Mercasevilla y se debe investigar totalmente si alguna de sus actividades ilícitas hubieran tenido algún tipo de repercusión en esta empresa sevillana".