Las dos universidades sevillanas tienen ya claro el coste que tendrá para ellas la obligación de cotizar por las prácticas de sus estudiantes (las curriculares que, en el caso de Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla superan las 11.000). En total, algo más de 2,3 millones.

En el caso concreto de la de Sevilla, dos millones; para la Olavide, el impacto económico en su presupuesto (82,4 millones para 2019) será de 340.000 euros. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha sido el primero en reconocer públicamente que la medida aprobada por Real Decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez  puede poner en peligro la oferta de estas prácticas obligatorias para la formación de los estudiantes.

Castro pidió toda la seguridad para los alumnos pero teniendo en cuenta que las universidades no pueden asumir los costes.

Ayer, se produjo la primera reunión entre el Ministerio de Ciencia, las universidades y los representantes de estudiantes para abordar este asunto. Al término de la reunión, Ministerio y universidades coincidieron en que hay que cotizar por las prácticas. El departamento de Pedro Duque se compromete a buscar fórmulas de bonificación para las universidades.