El Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla), gobernado por la socialista Agripina Cabello, ha licitado un contrato para un servicio de asesoramiento en materia urbanística, "especialmente" en lo que concierne al sector F, una extensa zona de parcelas y chalés cuya junta de compensación está marcada por el presunto desfalco de varios millones de euros y cuya plena urbanización sigue pendiente de conclusión, pese a los años transcurridos desde que comenzasen los intentos por dotar de redes de suministro y otros equipamientos básicos a este entorno.

Esta licitación, recogida por Europa Press, cuenta con un precio máximo de contratación de 20.734 euros y contempla igualmente la revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almensilla.

El procedimiento surge, por cierto, después de un reciente informe ambiental estratégico emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, respecto a una modificación promovida por el Ayuntamiento de Almensilla para el plan parcial del Sector F.

Dicho informe, emitido en mayo y recogido por Europa Press, detalla que "en la actualidad, el proyecto de urbanización (del sector F) se ha ejecutado en un 35 por ciento, con calles como la 1.2 y el sistema general Cañada de las Islas en un 80 por ciento, a falta de la instalación eléctrica y alumbrado público", mientras de otro lado "en la mayor parte del sector, sobre todo en Santa Iglesia, la entrada al Sector desde la carretera de Palomares- Mairena del Aljarafe, existen viviendas habitadas e infraestructuras a medio terminar".
EL SECTOR F DE ALMENSILLA

Tras ser constituida una junta de compensación del Sector F para hacer frente a la necesaria urbanización de la zona y la instalación de dotaciones para suministros básicos de agua o electricidad, en 2004 fue concertado un préstamo con el banco Santander para sufragar tales obras, con cargo a las correspondientes aportaciones de los propietarios. Pero allá por 2015 estallaba el caso del presunto desfalco mediante el cual habrían sido desviados unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por la junta de compensación para este proyecto.

El principal encausado por tal extremo es el extesorero de la junta de compensación, Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la entidad, huyendo después a la República Dominicana hasta ser finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016. Desde el pasado mes de mayo de 2019, Julio Mateos goza de libertad provisional al acceder a la misma el Juzgado número uno de Coria del Río, que en paralelo ordenaba continuar las actuaciones en su contra por el trámite del procedimiento abreviado.

Además, otro de los frentes del conflicto atañe a las obras de urbanización contratadas en 2011 a la constructora Istem S.L. y paralizadas en 2012 cuando aún estaban muy lejos de su conclusión.
LA SENTENCIA DE ISTEM

Porque sobre la junta de compensación del Sector F de Almensilla pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 que le condena a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones, si bien una sentencia posterior de la Audiencia restó 543.580 euros a la cuantía a satisfacer a la mencionada empresa constructora pero mantenía la condena a indemnizar a Istem S.L.

En cualquier caso, mientras tiempo atrás la directiva de la junta de compensación anunciaba un acuerdo con el banco Santander para reestructurar el préstamo de 2004, con una quita de unos tres millones y "la retirada de las cláusulas hipotecarias y solidarias", sobre los parcelistas seguirían pesando los pagos y derramas derivados de los costes del proyecto de urbanización de la zona y de instalación de dotaciones para los suministros básicos.

Esta situación, arrastrada durante años, ha coincidido además con el contexto de crisis económica, admitiendo en su momento el presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, que la situación de este entorno de parcelas había derivado en todo un "conflicto económico y social".

Esta última Navidad, un grupo de los parcelistas protagonizaba una acampada ante el Ayuntamiento de Almensilla, en demanda de aspectos como la anulación de la última derrama aprobada y soluciones tangibles a este prolongado conflicto.