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Lunes 01/03/2021

Sevilla

A juicio un agente de seguros por suscribir 92 pólizas "irregulares"

Está acusado de provocar un perjuicio económico a la compañía con la que trabajaba de más de 11.000 euros

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  • Juzgados de Sevilla.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este miércoles un juicio, contra un agente de seguros acusado de presuntos delitos de estafa continuada y falsedad de documento mercantil, por suscribir 92 pólizas de salud "irregulares" para "mejorar sus ingresos de forma ilícita".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, allá por julio de 2016, el acusado, identificado como Francisco Manuel P.E., firmó un contrato mercantil como agente de seguros de Caser, con el "derecho a cobrar una ayuda anual a la comercialización supeditada a la consecución por su parte de los objetivos de primas marcados cada año".

A partir de entonces, y hasta el 5 de abril de 2018, "guiado por el ánimo de mejorar sus ingresos de forma ilícita a través del cobro de la denominada ayuda a la comercialización o de comisiones extra de campañas ofertadas para colectivos específicos, suscribió 92 pólizas de seguro de salud irregulares, bien porque había falsificado la firma del asegurado o porque había adjuntado recibos de autónomos falsos que el mismo había confeccionado modificando sobre un mismo modelo los nombres y DNI de los supuestos autónomos, para cobrar las comisiones derivadas de la contratación de pólizas de salud específicas para los autónomos".

Fruto de tales hechos, según la Fiscalía, el acusado causó un perjuicio económico de 11.355 euros a la compañía aseguradora Caser, en concreto 6.120 euros cobrados por el mismo por la ayuda a la comercialización merced a las pólizas "irregulares" suscritas y 5.235 euros por el cobro de comisiones "indebidas" por "pólizas irregulares en favor de supuestos autónomos", con la "consiguiente asunción por parte de la compañía de unas prestaciones para los asegurados que no se correspondían con las primas cobradas".

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación con un delito continuado de estafa, reclamando para el acusado dos años de cárcel y una multa de 3.600 euros, si bien las partes estarían tratando de resolver el juicio mediante un acuerdo por conformidad entre las mismas.

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