El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Teresa Ribera, ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC), ubicada en Gerena (Sevilla) por detracción ilegal de aguas subterráneas, según ha informado Ecologistas en Acción en un comunicado.
Además, insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a “iniciar un nuevo procedimiento para exigir las responsabilidades en orden a obtener la reparación de los daños causados al dominio público y reposición de las cosas a su estado anterior”.
Dicho procedimiento conllevará un mínimo de indemnización de 535.078,71 euros, según la valoración de la propuesta de resolución de 19 de abril de 2021, por daños al Dominio Público Hidráulico (DPH) del acuífero Gerena-Posadas, un acuífero que es estratégico para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía.
Los hechos sancionados ahora ocurrieron entre octubre de 2016 y mayo de 2018, "por un funcionamiento muy deficiente" del denominado Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) de aguas subterráneas.
Ecologistas en Acción señala que este sistema debería ser la garantía de protección del acuífero desde que inició su actividad en 2005.
Sin embargo, "nunca ha cumplido ese objetivo medioambiental, sino que simplemente ha servido de excusa para la obtención de autorizaciones fraudulentas, empezando por la Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada en 2002".
Además, esta nueva sanción incluye la detracción de aguas subterráneas producidas por la primera rampa subterránea de investigación, realizada como prueba piloto, para el nuevo proyecto de minería subterránea (proyecto PMR) actualmente en tramitación.
La empresa, según la fuente, manipuló en 2017 la documentación técnica para la autorización de esa rampa de investigación, asegurando no producir ninguna pérdida de aguas subterráneas.
De igual manera, "ahora está manipulando la documentación técnica para obtener la nueva concesión de aguas subterráneas para el PMR y sortear la inviabilidad ambiental de dicho proyecto".
El expediente se inició por denuncia de Ecologistas en Acción y, tras inspección de los servicios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha confirmado una detracción ilegal de aguas subterráneas de 1.783.595,70 metros cúbicos durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2016 y el 28 de mayo de 2018.
A esta sanción se debe sumar la detracción ilegal de 625.000 metros durante el periodo del 27 de febrero de 2014 al 11 de febrero de 2015, sancionado también por el Consejo de Ministros el 15 de julio de 2016 con una multa de 923.091,00 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, confirmada por sentencia firme del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2018.
