FETE-UGT reclama al Ministerio de Educación que suspenda la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tras constatar que en su primer año de puesta en marcha la respuesta ha sido tan dispar entre las comunidades autónomas que se han creado situaciones de desigualdad en función de cada territorio.

   Según explica en un informe sobre el grado de implantación de la reforma, la prueba individualizada de 3º de Primaria, una de las principales novedades de la LOMCE y que debió realizarse el pasado mes de mayo, es un ejemplo de esta disparidad: en Andalucía y Asturias no se llevó a cabo, en Canarias y País Vasco sólo con carácter muestral y en el resto de las regiones "se han registrado múltiples casuísticas, tanto en las competencias evaluadas como en la propia aplicación".

   "Hay sitios donde es profesorado externo el que se encarga de ella, en tanto que en otros corre a cargo de docentes del centro que no imparten clase al grupo evaluado o bien profesorado del propio grupo. Todo ello hace que resulte difícil la extracción de conclusiones fiables sobre la validez y la eficacia de esta prueba", dice el sindicato.

   El próximo curso, la LOMCE se implantará en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato. FETE-UGT considera que el desarrollo normativo debería estar ya aprobado, algo que no se cumple en muchas comunidades autónomas y por eso, afirma, "se corre el peligro de que el 2015-2016 sea un curso todavía más problemático que el que termina".

   "Las prisas con que el Ministerio de Educación ha tratado de imponer esta ley, acelerando su calendario de implantación, sin contar con el apoyo de la mayoría de la comunidad educativa y teniendo en contra a varias CCAA, están generando muchos problemas", afirma FETE-UGT.

   El sindicato cita junto a la mencionada aplicación dispar de la normativa, problemas que "afectan al alumnado, como consecuencia de este desorden; a las familias, que viven con preocupación e incertidumbre la educación de sus hijos, y al profesorado, que es el que tiene que aplicar los cambios en la normativa educativa sin tiempo para asumirlos y prepararlos".

   "Resulta paradójico que sea el Gobierno del Partido Popular, defensor a ultranza de homogeneizar y centralizar el sistema educativo, el que más lo desarticula, y no por voluntad política. En estas circunstancias, con unas elecciones generales a la vista y con nuevos gobiernos autonómicos que defienden la paralización de la LOMCE, lo más coherente y menos dañino es que el Ministerio paralice su implantación", sentencia en un comunicado.