Tienen a sus padres o madres ingresados en residencias donde se han confirmado muertes por coronavirus y se enfrentan al dilema moral de dejarlos en el centro o llevarlos a casa sin disponer de protección, sin saber si son portadores del virus y con la dificultad de atender a un dependiente. Una difícil decisión para la que carecen de respuestas.

Es el caso de Pablo Peinado y sus tres hermanas, que hace seis meses ingresaron a su madre, de 97 años, en una residencia en San Fernando de Henares (Madrid), tras el agravamiento de su dependencia y después de diez años atendiéndola entre los cuatro.

Desde que comenzó la emergencia, la familia ha estado recibiendo correos electrónicos del centro, donde les decían que la situación estaba "controlada" y les informaban del estado de salud de su madre.

Pero la gran preocupación comenzó cuando, a través de una persona ajena a la institución, se enteraron de que se habían registrado varios contagios y "decenas" de fallecimientos.

Pablo contactó con los responsables de este centro privado –una residencia del grupo Orpea– pero, según denuncia, en ningún momento le facilitaron otra información que no tuviera que ver estrictamente con la salud de su familiar.

"Pedí que me confirmaran si había fallecimientos para saber qué hacer y me dijeron que no se les permitía. Pero teníamos que tomar una decisión a partir de la información de la residencia, ¿cómo se explica que no pudieran dármela?", se pregunta.

El portavoz del grupo Orpea, Ricardo Buchó, confirma a Efe que en este centro ha habido positivos por COVID y muertes, pero las cifras –tanto de fallecidos en la residencia y en el hospital, como los casos sospechosos y el personal que está de baja– solo las facilitan a la Comunidad de Madrid, como establece la ley.

"Se les informa a diario del estado de salud de su familiar y les comunicamos si hay sospecha de contagio o si tiene sintomatología, pero no queremos entrar en el juego de cifras porque se crea una alarma innecesaria", afirma este portavoz, que aclara que las familias están informadas de cómo se han seccionado los centros, qué medidas de protección se han adoptado y cuáles son los protocolos.

Pero Pablo Peinado asegura que hoy sigue sin tener confirmación de que haya habido contagios o fallecimientos, cifras al margen: "Lo que me indigna es que, en medio de una pandemia, la residencia se niegue a darme información sobre salubridad; es como si los ancianos fueran de su propiedad, están vulnerando nuestro derecho a saber".

¿QUÉ HACER TRAS CONFIRMARSE LOS CASOS POSITIVOS?

Esta familia, como tantas otras en su misma situación, se plantea cuál es la mejor opción para preservar la salud de su madre.

Han barajado la posibilidad de llevársela a vivir con uno de ellos, pero surgen más dudas que certezas: cómo saber si son portadores del virus, dado que ninguno ha podido someterse a las pruebas.

Asumir la posibilidad de que su madre no se haya contagiado en la residencia y que uno de los hijos pueda transmitirle la enfermedad en casa es otro de los grandes dilemas a los que se enfrentan.

A esto se añade el problema de falta de equipos de protección, pues no disponen de mascarillas, guantes ni otros elementos que podrían evitar un posible contagio y que siguen sin encontrar en las farmacias.

Todo ello agravado por el grado de dependencia de la anciana: "Aun teniendo la posibilidad de llevarla a una casa con una habitación independiente, cómo mueves a una paciente que necesita al menos dos personas para acostarla o bañarla".

Pablo también trató de pedir consejo a la residencia sobre esta cuestión, pero le dijeron que era "decisión de la familia". Tras valorarlo entre todos los hermanos, descartaron sacar a su familiar del centro.

"Angustia, agobio, eso fue lo que sentimos. Pensar que estás dejando a tu madre en un sitio donde está muriendo gente es tremendo, pero la alternativa –sacarla en esas circunstancias, sin protección, sin poder moverla– no era viable".

El portavoz de Orpea ratifica el argumento que dio la directora: la decisión de sacar o no a los mayores corresponde "exclusivamente" a la familia y los centros "no pueden aconsejar" en un sentido u otro.

"Nuestra misión es cuidar y proteger a los mayores; se está haciendo un trabajo encomiable por parte de los profesionales. Pero no podemos entrar sobre si las familias se deben llevar a casa al residente, es muy arriesgado", argumenta Buchó.

La familia Peinado lamenta que la única respuesta clara fue que debían seguir pagando la cuota –2.400 euros al mes– si al final decidían sacar a su madre durante la pandemia.

El portavoz del centro argumenta que es el modo de proceder de todas las residencias. Solo se deja de pagar la mensualidad cuando se cancela el contrato, pero si la familia se lleva al residente durante un período concreto, debe seguir pagando la cuota "en concepto de reserva de plaza".

OBLIGADAS A CURAR, ADEMÁS DE CUIDAR

En lo que sí coinciden ambas partes es en cuestionar que durante las primeras semanas de la pandemia a las residencias no se les permitiera derivar ancianos a los hospitales por la situación de colapso.

"Ahora se está diciendo que no se discrimine a los ancianos, pero al principio las directrices eran tratarlos en las residencias y no acudir a los hospitales. Era como dejarles morir; no se les ha tratado igual que al resto de los pacientes", denuncia este familiar.

El portavoz de la residencia también lamenta la situación: "Nosotros cuidamos pero no curamos, para eso están los hospitales. Pero ante la imposibilidad de derivar a los residentes, hemos curado a varios gracias a que contamos con médicos y enfermeros".

CAMBIO DE MODELO

A día de hoy sigue sin conocerse oficialmente el dato de ancianos internos en residencias que han fallecido en España por COVID-19, una cifra que el Ministerio de Sanidad comunicará "cuando disponga de la información solicitada a las comunidades autónomas" y una vez la hayan examinado los expertos.

A la espera de esa cifra, el propio ministro, Salvador Illa, ha declarado que habrá que sacar "muchas lecciones" de la pandemia y que una de ellas "probablemente" será revisar cómo están funcionando las residencias.

Un llamamiento al que se suman asociaciones del sector, como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, cuyo presidente, José Augusto García Navarro, reclamaba en Efe la necesidad de hacer "una reflexión colectiva" cuando se haya superado la emergencia.

Pero diversas asociaciones siguen demandando una mejora en la gestión desde ahora mismo, como Médicos Sin Fronteras, "extremadamente preocupada" por la situación que están viendo durante sus labores de voluntariado. La ONG ha pedido a las autoridades que se "humanicen" los cuidados y se faciliten "despedidas dignas" entre residentes y familiares.

Con el debate social abierto desde hace semanas, las familias esperan cada día con comprensible angustia la información que llega de los centros.

"Nuestro gran temor es que un día nos llamen y nos digan que nuestra madre ha fallecido", expresa con gran dolor Pablo Peinado, uno de los muchos hijos de ancianos para quienes mantener o sacar a sus padres de los centros sigue siendo un dilema sin respuesta.