La moratoria a la caza y la pesca deportiva o comercial en Parques Nacionales llega a su fin este sábado, 5 de diciembre, fecha en la que expira la disposición adicional séptima de la Ley de Parques Nacionales de 2014 que así lo estableció, con el fin de dar tiempo a los parques, a los propietarios de las fincas afectadas y a los municipios a llegar a acuerdos voluntarios para evitar expropiaciones forzosas.
La ley daba ese plazo "máximo" de seis años para adecuar la situación de los parques nacionales con la normativa y señalaba que en los casos en los que la adecuación afectara a derechos de terceros las administraciones públicas promoverían la celebración de acuerdos voluntarios o bien realizarían expropiaciones forzosas o rescate de derechos.
La situación afecta a propietarios de Doñana, Cabañeros, Monfragüe, Sierra Nevada y Picos de Europa, que suman una superficie de más de 200.000 hectáreas. En la víspera del fin de la moratoria, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha informado a Europa Press que hasta la fecha se han formalizado 36 acuerdos, que suman una superficie de 104.043,64 hectáreas, por lo que quedaría llegar a acuerdos sobre una superficie estimada de unas 97.902 hectáreas. Los acuerdos, en su gran mayoría se han suscrito con los Ayuntamientos de la zona.
Desde el OAPN aclaran asimismo que la superficie de Parques Nacionales en los que todavía no se han alcanzado acuerdos voluntarios para las zonas afectadas por la prohibición de cazar desde este mismo sábado equivale al 0,2 por ciento del territorio nacional, frente al 87 por ciento, que suma 43,9 millones de hectáreas y que está declarado de aprovechamiento cinegético.
Además, señala que están requiriendo a los propietarios y titulares afectados la documentación necesaria para llegar a esos acuerdos y evitar tener que acudir a procedimientos de expropiación forzosa de los bienes y derechos. No obstante, añade que de momento se han recibido escasas respuestas de los propietarios hasta la fecha.
Precisamente los datos concretos de cada finca que aportan los propietarios son necesarios para calcular en base a los criterios técnicos las indemnizaciones a tales propietarios.
Finalmente, subraya que desde este sábado, la fecha prevista por la ley para prohibir definitivamente la caza deportiva y comercial será la Administración gestora de cada Parque Nacional --cuya gestión es competencia de las comunidades autónomas-- la que pueda programar y organizar actividades de control de poblaciones, de acuerdo con los objetivos y determinaciones del Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestión.
En este contexto, este mismo viernes, el grupo parlamentario popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley en la que pide una ampliación de tres años de esta moratoria, ante la falta de acuerdos con todos los propietarios.
Los populares reclaman al Gobierno que "cumpla con sus obligaciones" ya que en la Ley se establece que desde 2014 hasta el 5 de diciembre de 2020, cuando terminaba la moratoria a la prohibición de la caza, se debía llegar a acuerdos entre los propietarios de fincas y la administración. Si bien, el PP afirma que la Administración "no ha alcanzado ningún acuerdo" con los propietarios de las tierras afectadas.
El PP añade en la exposición de su iniciativa que muchos Parques Nacionales están en entornos despoblados, cuyas posibilidades de desarrollo económico y social están directamente relacionadas con las actividades que se desarrollan en los terrenos de propiedad privada que forman parte de los mismos.
Además, defiende que caza y pesca son actividades que fijan población sobre el territorio y dan empleo a "muchos cientos" de familias y de las que depende la supervivencia del mundo rural.
OÍDOS SORDOS
Mientras, los afectados, muchos de ellos representados por Fundación Artemisan acusan al Gobierno de hacer "oídos sordos" a sus reiteradas peticiones para que se reúnan con los cazadores y buscar acuerdos o soluciones conjuntas así como una nueva moratoria.
"Si nadie lo remedia, los Parques Nacionales dejarán de generar riqueza para costar 320 millones de euros a los españoles", alerta la entidad cinegética que estima que ese será el coste de realizar controles de población dentro de los Parques Nacionales.
Así, advierten de que desde este mismo sábado, además de ese coste los Parques dejarán de ser fuente de riqueza, creación de empleo, dejarán de fijar población en el medio rural, "en plena crisis económica mundial".
De ese modo, Fundación Artemisan lamenta la "inacción" y vuelve a instar al Gobierno a que "deje de mirar hacia otro lado" urgentemente y tome una decisión "firme y valiente" que dé solución a la incertidumbre y a la situación crítica en la que quedarán desde este sábado los Parques Nacionales.
Para la entidad, el fin de la moratoria supondrá el "golpe definitivo" a estos entornos, que perderán una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques. En ese sentido, recuerda que varios ayuntamientos han aprobado mociones que piden paralizar esta medida legislativa.
