Las lluvias que estamos sufriendo estos días parecen indicar el final de un verano que, de nuevo y por regla natural, da paso a un otoño precedido por este septiembre de reanudación de rutinas, de proyectos, de colegios y, como no, de curso judicial.
Llega septiembre con la reactivación de los órganos judiciales y con ellos, la apertura del nuevo año judicial presidido por el Rey Felipe VI y protagonizado por los ruegos, las suplicas y el ultimátum del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes Serrano.
Evocando al gran Antonio Machado y permitiéndome el lujo de hacer míos y modificar uno de sus más celebres versos… “estos cielos grises/y esta lluvia tan amarga” no son otra cosa que el decorado con el que se podría ambientar la intervención de Lesmes, pues no auguró nada bueno si todo sigue como hasta ahora en la, cuasi desierta, cúpula judicial, encontrándose a día de hoy cuarenta y nueve presidencias sin un presidente titular, lo que hace que en breves semanas, salas como la de lo Social o de lo Contencioso Administrativo, no puedan constituir sus secciones por falta de magistrados… ¿Somos realmente conscientes de lo que supone eso?
Primeramente, es una auténtica falta de respeto al Estado de Derecho en el que está constituido nuestro país, pues las democracias, se basan en el respeto a las leyes y al ordenamiento jurídico como sustento de una convivencia pacífica y ordenada, y seguidamente, es una absoluta desconsideración con los profesionales que nos dedicamos al noble oficio de la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos, que, sin lugar a dudas y sin sorpresas varias, serán quienes paguen los platos rotos de esta batalla política en la que, como siempre, perdemos los mismos.
Muy valiente y de ejemplo ha resultado ser lo pronunciado por Lesmes, denunciando de forma pública y ante el Jefe del Estado, el estado en el que se encuentra la Administración de Justicia, devastada por la inoperancia caprichosa practicada por los grupos parlamentarios.
Los miembros del Consejo General son nombrados por un mandato de cinco años y el actual lleva en el cargo la friolera de ocho, tres más de los que por ley les corresponde, siendo ello un claro ejemplo de la ineptitud a la que nos tienen sometidos quienes, desde un sillón u otro, se ocupan, afrontan y se ponen de acuerdo en aprobar la renovación de sus dispositivos móviles, pero no la del sistema que vela por nuestros intereses… habiendo asuntos importantes que tratar, como es ir a la última en tecnología, que le den al bienestar y a la seguridad de los españoles.
Pende de un hilo la continuidad de Lesmes, y también, la del Estado de Derecho.
