En los últimos tiempos se ha incrementado enormemente la ratio de litigiosidad ante los Tribunales españoles en los pleitos que sostienen los contribuyentes con la Administración tributaria.
Es esta una cuestión que preocupa (los tribunales de lo contencioso administrativo están completamente colapsados), tanto al ciudadano como a Hacienda. Tal es así que son los propios sindicatos de inspectores y técnicos de Hacienda los que han mostrado esta preocupación manifestándolo públicamente, y es que según estadísticas que manejan, Hacienda pierde en los tribunales la mitad de las reclamaciones y recursos que los contribuyentes formulan. Hacienda, aun negando esta estadística, declara ser consciente del problema al incluir una serie de directrices para corregirlo en el Plan Estratégico 2020-2023.
Son muchos los casos en que los tribunales le han dado la razón al contribuyente (céntimo sanitario, plusvalía municipal, sanciones por el modelo 720, etc.) y también han sido muchos los contribuyentes que con el mismo asunto han ido ganando pleito tras pleito a Hacienda, que se empecina en seguir y seguir sin resultado favorable (caso de Xabi Alonso).
Puede entenderse esto si partimos, entre otras, de que Hacienda tiene un particular modo de retribuir a sus funcionarios que consiste en que, además de pagarles una nómina como a cualquier otro trabajador, les reconoce una retribución variable por número de actuaciones y sanciones que hagan, con el agravante de que ese “bonus” que reciben no desaparece en el caso de los tribunales den la razón a los contribuyentes, cuestionando así la imparcialidad del funcionario. Parece como si Hacienda esté primando el número de expedientes y sanciones que se dictan y no la calidad y escrúpulo en el trabajo que ello debe exigir.
Y, además, ese complemento salarial no era conocido por todos hasta que la sentencia de 22 de julio de 2022, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid obligó a la AEAT a hacer público la cantidad y la forma en que los reparte entre los inspectores y técnicos.
Todos somos humanos y sin acusar a nadie en concreto (no todos son iguales) siempre nos quedará la duda de si un determinado expediente debió iniciarse o si una determinada sanción debió imponerse habida cuenta de que, por ello, el funcionario cobre un incentivo que no pierde, aunque no estimen sus pretensiones.
Y si a esto añadimos la enorme profusión de la actividad legislativa en materia de impuestos, unido todo esto a la complejidad que tienen, nos encontramos con que es fácil “tirar” por la calle de enmedio e iniciar expedientes e imponer sanciones, aunque, a la postre, puedan ser anuladas. Desde luego esa tentación existe.
