El Gobierno de la Nación, en contestación a preguntas que le ha formulado el diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, ha subrayado que "dentro de los planes del Gobierno no se tiene previsto reclamar la titularidad" de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que el Obispado de Córdoba inmatriculó a su nombre.
Así se recoge en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy al diputado socialista, quien había preguntado, igualmente por escrito, si "¿reclamará el Gobierno la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba?", si "¿impugnará el Gobierno la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba a nombre de la Iglesia?" y si "¿presentará el Gobierno un recurso de inconstitucionalidad sobre el registro de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia?".
Ante esto y tras afirmar que no ha previsto reclamar la titularidad del histórico templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y ahora además con el rango superior de Valor Universal Excepcional, el Gobierno central ha añadido que tampoco entra en sus planes "impugnar la matriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Del mismo modo tampoco pretende presentar ningún recurso de inconstitucionalidad sobre el registro a nombre de la Iglesia".
Se da la circunstancia de que esta respuesta del Ejecutivo se ha producido casi al mismo tiempo que el acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 13 de junio, por el que aprobó el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria, en el que se elimina el actual sistema especial de inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. Con la futura normativa se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladarán al procedimiento normal de inmatriculación.
A este respecto el Gobierno ya ha explicado que el actual sistema, "fruto de unas circunstancias históricas y legislativas muy determinadas, ha dejado de tener sentido en la actualidad". De hecho, en la memoria del proyecto se explica que esta autorización se otorgó en un contexto socioeconómico "muy diferente" del actual, influenciado aún por los efectos de las leyes desamortizadoras.
Además, el Gobierno justifica la desaparición de este tratamiento especial indicando que ha transcurrido "un tiempo suficiente" desde la reforma del reglamento hipotecario de 1998, que ya permitió la inscripción de los templos al culto católico, proscrita hasta entonces. A esto se suma, según ha apuntado ya el Ejecutivo, la "facilidad y normalidad actual en la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes".
