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Jerez

El Gobierno reconoce ya que el pago de las nóminas corre peligro

El Ejecutivo socialista ha solicitado una reunión con Montoro en busca de apoyo

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En los dos últimos ejercicios el Ayuntamiento de Jerez destinó casi 200 millones de euros únicamente a pagar deudas. De toda índole, por cierto.  “Con nombres y apellidos”. La situación financiera del Consistorio jerezano pone en liza una dura realidad que podría afectar a todos los estamentos municipales. La crudeza de las cifras se podría resumir en una sola frase: el Ayuntamiento de Jerez debe 1.013.077.833 euros (a 31 de diciembre de 2013, ya que con el presupuesto de 2014 a falta de liquidar y el de 2015 prorrogado, la deuda real no está ajustada).

Por cierto, a esto habría que añadir todo lo refinanciado, así como una nómina de 2014, la de diciembre, concretamente. En definitiva, teniendo en cuenta que en Jerez, según la revisión del último censo, residen 214.754 personas, a cada jerezano le corresponden casi 5.000 euros de deuda acumulada. Hagan el cálculo.

Una cantidad impropia de un municipio de tales características, pero acumulada en la historia, al margen de signos políticos al cargo.


Preocupan las cifras, pero, sobre todo, las consecuencias. “Nos preocupa especialmente la situación de déficit previsto para este segundo semestre del año”. El que habla es Santiago Galván, teniente de alcaldesa Economía, Hacienda y Planes Especiales, quien se ha encargado de ordenar lo que se considera “un caos”; la situación financiera de Jerez.

Para hacerse una idea de la cruda realidad, un dato: la Participación de los Ingresos del Estado, el conocido PIE, se encuentra retenida al 93% del montante total, percibiendo sólo el Ayuntamiento el 7% restante. Es decir, 297.979,67 euros  de un total de 4.041.172. Un dinero que va destinado a deudas. Y es que el Consistorio jerezano destina anualmente cientos de millones de euros sólo en pagos de deudas. Es más, se han pedido créditos, sólo para pagar la deuda de créditos no pagados en tiempo y forma.

Antes de entrar en motivos y medidas, hay que afrontar seriamente la idea de las consecuencias. Según informes de técnicos municipales el Ayuntamiento podría verse sin presupuesto para pagar a instituciones como Agencia Tributaria o Seguridad Social a partir de agosto. Una fecha crítica, ya que, según fuentes municipales, también corren peligro los pagos de nóminas. Lo decía el propio Galván; “nos da miedo el segundo semestre”. Con el presupuesto para productividades prácticamente agotado (el 85 por ciento ya ha sido consumido), pagos de nóminas en peligro, miles de facturas sin pagar y el ya mencionado pago de deuda a instituciones en la cuerda floja tras el verano, ¿cuál es el futuro de la ciudad?

“Harían falta 40 años para estar al día”, sostiene Santiago Galván. El responsable del área de Economía prevé un futuro poco halagüeño y sostiene una premisa que “preocupa, y mucho”: "No están garantizados todos los gastos, ya que hay un déficit de 30 millones de euros en gasto corriente, pero no lo digo yo, sino el Tesorero del Ayuntamiento".

¿Cómo se ha llegado a todo esto? En los últimos 5 años la deuda municipal ha crecido en más de 100 millones de euros, crecimiento que se ha visto frenado gracias a diversos créditos y ayudas estatales, unas ayudas que se siguen pagando; en este caso, sus intereses. Porque Jerez tiene que cumplir, y los bancos son prioritarios a la hora de poner la mano.

Sin ir más lejos, la previsión de los presupuestos de 2014 refleja que sólo en gasto financiero el Ayuntamiento invirtió más de 30 millones de euros. Otro dato; de los 80 millones recaudados por la venta de la gestión del agua, hasta 48 han ido a parar a pagar deuda con entidades como Banco Santander, Cataluña Banc, Unicaja o La Caixa.

244 millones en facturas

Un punto clave en la acumulación del debe está en algunos cajones del Ayuntamiento: las facturas. Según un informe remitido por Intervención, las facturas pendientes de pago ascienden a 244 millones de euros, de las que 42.500.000 se corresponden con facturas de este primer semestre de 2015. De estas cifras, hay que señalar que las obligaciones reconocidas pendientes de pago del ejercicio corriente es de 24.634.605 euros, mientras que las facturas sin presupuesto, esto es, las conocidas como OPAS o facturas en el cajón ascienden en este ejercicio, hasta junio de este año, a 4.337.839 euros. Igualmente, el conjunto de facturas que se encuentran en fase registrada o enviada a aprobación son 2.192 que suman un montante de 13.55.672 euros.

“Se habla de una reducción de la deuda, pero es falso”, reclama Galván, quien denuncia “son datos de 2013 porque es la última referencia que tenemos al no haberse liquidado la deuda de 2014 ni presentado tales presupuestos, así como los de 2015”. El Ayuntamiento trabaja para hacerlo en septiembre, aunque, para ello, necesitan de los documentos de Ajemsa, en fusión con Jereyssa y Jesytel, cuyas cuentas no están contabilizadas “y tememos lo peor”, espeta Galván.

En cuanto a las facturas pendientes -sólo 2.192 se encuentran en un cajón-, el delegado denuncia que son “datos demoledores”, aunque “esperados” por otra parte. “Las cuentas no están nada claras”, protesta Galván, quien añade que “ni hay superávit ni cuentas limpias, todo lo contrario”. A esto hay que sumar que de los pocos ingresos que pudiera tener la ciudad, sólo queda poco más de medio millón. Hablamos del canon por la gestión del agua, 81 millones de euros que, según los datos de Tesorería, han sido dirigidos a pagar deudas a entidades, ELAS, nóminas, servicios y obras, dejando únicamente 617.350 euros en caja. 600.000 euros de 81 millones.

Medidas no drásticas

“Estamos trabajando para dar soluciones a todo este problema económico que nos hemos encontrado”. El actual equipo de gobierno se ha encontrado un serio problema contable, con las arcas semivacías y mucho dinero ya correspondido. Las medidas a tomar son urgentes, y esta misma semana ya se aprobó la primera. Aprobar la petición de un crédito ICO para pagar las sentencias judiciales, lo que supone, por otro lado, 1,7 millones al año. Segunda medida a tomar ha sido ahorrar en el coste de la estructura política del Ayuntamiento, lo que se entiende desde el Consistorio como un “estudio de contención de gasto sin desmejorar los servicios públicos”.

Por ello se han puesto manos a la obra para, primero, tener en regla los gastos previstos para 2015, los ya cerrados o lo que se conoce como corriente –en personal el Ayuntamiento gasta 91 millones- y liquidar el ejercicio actual. Segundo paso; llamar a la puerta del Gobierno central.

El Ayuntamiento ya ha realizado la petición de una cita con representantes del Ministerio de Economía y Hacienda. Lo que, en broma, Antonio Saldaña definía como “un beso” entre el Gobierno y el actual ministro Montoro.

La creación de otro plan de ajuste “no traumático” también están en la hoja de ruta a seguir por los socialistas, quienes mantienen una máxima: no afectar los servicios públicos. “Los servicios públicos son una prioridad para este gobierno y no creemos que vayan a ser afectados por estos números”, asevera el responsable del área económica, quien apostilla que “también lo es cumplir con los bancos, no podemos fallar”.

Otra realidad diferente

Con todo esto se llega a una conclusión: “Nos hemos encontrado un Ayuntamiento con graves problemas de liquidez, un desastre total, y eso choca con la desfachatez con la que el anterior Gobierno defendía su gestión económica”, expone Santiago Galván. Y también choca con lo que defienden desde el otro ala del salón de plenos.

“Les hemos dejado que se vayan de vacaciones con las nóminas aseguradas”. Antonio Saldaña, portavoz del PP en el Ayuntamiento, se mostró muy crítico con las primera medidas a tomar por el Consistorio para paliar la delicada situación económica. Crítico en la forma, ya que en el fondo “están aprobando medidas del Gobierno central y es gracioso que eso que hace unos meses no valía, ahora sí vale”.

A la hora de hablar de medidas, como la aprobación reciente de un crédito ICO o la posibilidad de modificar el Plan de Ajuste, Saldaña contesta que se pone en evidencia “una gran contradicción, se coge antes a un mentiroso que a un cojo y sólo pedimos que no intenten dar a la opinión pública una opinión que no es verdad”.

El portavoz popular sostiene que el PSOE “ha estado mintiendo cuando decía que las cuentas iban a dar malos resultados y ahora no son capaces de alegrarse de que arrojan superávit”, aunque se ve obligado a matizar que “el orden puesto en las cuentas por el PP no quiere decir que la situación en el Ayuntamiento esté solucionada; seguimos en situación crítica porque se arrastra una deuda de hace muchísimos años y, por tanto, en manos del PSOE está, si siguen la hoja de ruta, salir del purgatorio tras haber conseguido dejar el infierno al que le llevó el PSOE por una gestión marcada por el despilfarro y la falta de gestión y horas de trabajo”.

El portavoz de los populares, que sigue defendiendo que el anterior Gobierno municipal generó un superávit de 7,2 millones de euros en 2014, insta, además, a la actual corporación que, entre otras cosas, “modifique la RPT”, es decir, la Relación de Puestos de Trabajo del Consistorio, aunque, matiza “no se van a atrever”, bromeando con que el delegado del Área de Economía, Santiago Galván, así como la alcaldesa de la ciudad, terminarán “dándose un beso con Montoro en Madrid”.

En cuanto a los socios de legislatura, Ganemos e IU, la situación “de catástrofe” de la realidad económica del Ayuntamiento parece que maquilla las medidas a tomar, lo que desde Izquierda Unida definen como un “caramelo envenenado”, pero necesario teniendo en cuenta “el desparpajo con el que parece ha actuado el anterior Gobierno municipal”.

Por ello, Raúl Ruiz-Berdejo apunta que hay que “empezar ya a trabajar en diferentes medidas y en un nuevo plan de ajuste que no afecte ni a los trabajadores municipales, ni a los ciudadanos ni los servicios públicos”, poniendo otras opciones como la revisión del Impuesto de los Bienes Inmuebles. 

Por su parte, el portavoz de Ganemos Jerez, Santiago Sánchez, se mantiene en la misma línea de actuación, siempre pendiente de que las medidas a tomar “no supongan una deuda que sirve para pagar otra deuda”, pero aceptando que es necesario “teniendo en cuenta la situación lamentable de la economía del Ayuntamiento de la ciudad”.

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