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Cádiz

La Justicia deja claro que la acción sindical de CSIF no puede considerarse delito de coacciones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz absuelve a delegados de la Central Sindical que habían sido denunciados por pedir la dimisión de la directora de un centro de salud de la capital gaditana

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CSIF quiere hacer público el resultado de la sentencia que ha emitido el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, por la cual se absuelven a los delegados de la Central Sindical que participaron en una serie de protestas el pasado verano, en la que pedían la dimisión de la directora de un centro de salud de la capital gaditana. De esta manera, la Central Sindical aplaude que la Justicia corrobore y deje claro los derechos sindicales que asisten a los trabajadores, sobre todo cuando denuncian los ataques contra los derechos laborales que puedan sufrir. De hecho, la petición de dimisión de la directora fue apoyada por más de la mitad de la plantilla del centro, dadas las actitudes irrespetuosas de la directora hacia los propios trabajadores, de forma que la Central Sindical le comunicó que pondrían en marcha todas las herramientas de denuncia disponibles con que cuenta la organización.
La sentencia deja bien claro que las expresiones dirigidas a la directora se realizaron al amparo de la libertad de expresión y de libertad sindical (derechos fundamentales constitucionales). CSIF considera que si no fuese así, los trabajadores y los sindicatos perderían todos sus derechos de reclamar mejoras laborales y de denunciar injusticias. Así, la sentencia explica que las expresiones por las cuales los delegados sindicales fueron denunciados carecen de relevancia penal y que los denunciados no tenían intención de amedrentar o coaccionar a la denunciante sino que le pedían la dimisión en el libre ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución y en las leyes.
Con todo esto, CSIF espera que los responsables de las administraciones públicas cesen en el empeño de coartar a los representantes sindicales a través de denuncias penales de este tipo, porque, además de perder los juicios, acaban pagando las costas con dinero público, que bien podría invertirse en mejorar los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.

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