El Pleno municipal aprobó este jueves una propuesta de acuerdo encaminada a ceder a la Diputación Provincial la encomienda de la gestión y resolución de expedientes sancionadores por infracciones administrativas. La medida salió adelante con los votos a favor del PSOE, Ganemos e IU, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Tanto Ganemos como IU justificaron su respaldo a la iniciativa en el incremento de ingresos que la medida va a suponer para las arcas municipales, si bien subrayaron que la encomienda de gestión a un tercero de un servicio que corresponde al Ayuntamiento supone “un fracaso” para la Administración local.
Según Maribel Ripalda, de Ganemos, esta encomienda de gestión implica el reconocimiento de que “no hay funcionarios” para acometer ese trabajo con eficiencia y emplazó al Gobierno local a subsanar este déficit en los dos años de vigencia del convenio que encomienda la gestión a la Diputación.
Entre otras cosas, según apuntó Ripalda, para evitar que la institución provincial perciba comisiones en función de los expedientes que vaya tramitando y los cobros que se vayan generando como consecuencia de ellos.
El portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, incidió en el hecho de que esta “externalización de servicios” vaya a suponer un coste para el Ayuntamiento, ya que Diputación “se va a llevar un pico” por la gestión de esos expedientes. “Evidentemente van a aumentar los ingresos porque expedientes que están paralizados van a poder tramitarse, pero estamos renunciando a una parte de esos ingresos a favor de Diputación”, explicó.
IU respaldó la iniciativa porque entiende que se trata de una medida “urgente y coyuntural” y en la confianza de que el Consistorio recupere la gestión de los expedientes sancionadores cuando transcurra el periodo de vigencia del convenio.
El portavoz del PP, Antonio Saldaña, expresó su oposición frontal al acuerdo, argumentando entre otras cosas que la plantilla municipal está capacitada para realizar este trabajo. “Se está apartando a personas cualificadas que podrían tramitar estos expedientes”, aseveró.
El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, acusó a Saldaña de padecer “amnesia selectiva” al olvidar que el Gobierno que presidió María José García-Pelayo “firmó en 2012 un convenio con Diputación por el se cedieron por diez años cuestiones como el tema del vado”. Al mismo tiempo, aseguró que los recursos humanos de que dispone actualmente el Ayuntamiento son “insuficientes” para tramitar expedientes sancionadores.
El convenio con Diputación
La encomienda de gestión a la Diputación Provincial tiene como principal objetivo incrementar la recaudación sin necesidad de aumentar la presión fiscal, sino garantizando el cumplimiento de ordenanzas y normativas a las que actualmente apenas puede hacerse frenta dadas las carencias que presenta la plantilla municipal. Se estima que la recaudación puede incrementarse en alrededor de dos millones de euros.
El grueso de los expedientes sancionadores cuya gestión va a encomendarse a la Diputación tiene que ver con normativa ambiental y urbanística (ruido, tenencia de animales peligrosos, veladores o comercio ambulante, entre otros). El convenio contempla que los ingresos que se obtengan sean transferidos al Ayuntamiento, no utilizándose para compensación de deudas contraídas con la institución provincial.
