Se trata de una infraestructura que dará servicio hasta a 1.500 personas, en un municipio de 26.000 habitantes que cuenta con una población censada de casi 4.000 inmigrantes, además de los muchos que llegan a la localidad durante la plantación fresera (septiembre-noviembre) y en la recogida (febrero-junio).
En una visita a las obras, el edil explicó que las actuaciones van “viento en popa”, y recordó que “hace menos de un año que pusimos la primera piedra, y ahora se encuentra prácticamente terminado”.
Así, señaló que “esperamos que esté terminado a principios de año”, aunque es complicado que funcione en la próxima campaña agrícola.
La primera piedra se colocó el pasado 27 de febrero, con el propósito de responder a las crecientes necesidades sociales de alojamiento, sobre todo derivadas de la inmigración, con una inversión de 1,2 millones de euros.
Las obras, que son ejecutadas por la empresa Construcciones Cienfuegos, se hacen en los terrenos del antiguo matadero de Lepe, en el polígono industrial El Chorrillo, y ocupan una parcela de 7.500 metros cuadrados, todo ello aprovechando el edificio principal para zonas comunes, mientras que el proyecto inicial contempla la reforma y acondicionamiento de un edificio municipal rehabilitado destinado a usos comunitarios donde se ubicará la cocina, los comedores y los talleres, entre otras dependencias.
Asimismo, el proyecto incluye la construcción de un edificio de nueva creación conectado con el anterior por un patio, que estará destinado principalmente al alojamiento.
Ayudas oficiales
De otro lado, el programa puesto en marcha por la Junta de Andalucía para la promoción de viviendas en alquiler destinadas a alojar a temporeros en localidades de alta movilidad de población ha propiciado desde su creación la construcción de 393 unidades habitacionales destinadas a estos trabajadores, que suponen la dotación de un total de 1.606 plazas de alojamiento.
A través de este programa se han concedido hasta la fecha 1,57 millones de euros en ayudas para el fomento de la promoción de viviendas en arrendamiento y otros alojamientos integrados por unidades habitacionales, que constituyen fórmulas intermedias entre viviendas individuales y residencias colectivas.
Los expedientes aprobados, que gestiona la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, pertenecen a los municipios de Almonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lucena del Puerto y Villablanca.
Los destinatarios de estos alojamientos son trabajadores temporeros, especialmente inmigrantes, desplazados de su residencia habitual.
En caso de viviendas deben tener unos ingresos familiares inferiores al 2,5 del salario mínimo interprofesional, mientras que para las unidades habitacionales se requieren unos ingresos suficientes para hacer frente a la renta, y no ser titulares de dominio o de derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en el mismo municipio de la actuación.
Las viviendas no tendrán más de 70 metros cuadrados y se asentarán en núcleos urbanos, mientras que en el caso de las unidades habitacionales no serán inferiores a los 12 metros cuadrados para cada persona, y contarán con espacios comunes de uso independiente pero vinculados.
Los municipios de alta movilidad laboral que pueden acogerse a este programa son Almonte, Aljaraque, Bonares, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Silvestre de Guzmán, Villablanca y Villanueva de los Castillejos.
De esta forma, se quiere terminar con la imagen de personas sin viviendas, aunque sea tan sólo durante algunos días en momentos del año.
