Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su entender, está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos.
Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se han mostrado convencidos de la constitucionalidad de la ley y han subrayado que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales.
Sin embargo, y aunque Aído ha destacado “la lealtad institucional” de las autonomías, Murcia y Navarra ya han anunciado su rechazo a la ley.
El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra “va a seguir siendo el mismo”, es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que “no hay razones para acatar” la ley del aborto puesto que ésta “todavía no está en su punto y final”, debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido sobre los recursos presentados por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra.
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones de Valcárcel ha explicado que las comunidades que gobiernan los populares “harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información” que necesiten ante embarazos no previstos.
Estas autonomías no han sido las únicas voces críticas con la ley, la Conferencia Episcopal ha considerado que la norma “impone” en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género”.
Asimismo, varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) han presentado ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la “ley de plazos”.
En esta norma “no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas (que practican abortos), que han sido quienes han movido esta ley”, ha asegurado a la prensa el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán, después de registrar el recurso.
La organización Talita de discapacitados de Zaragoza, Pro Justicia, el Foro de la Familia, la Red Madre, el ginecólogo de Algeciras Esteban Rodríguez, además del propio CJTM, son los promotores del recurso de amparo.
Pérez Roldán ha explicado que se trata de algo “completamente novedoso” porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo permite para cualquier ciudadano que se pueda ver afectado por una ley, pero nunca se ha llevado a cabo.
Ha citado varias veces la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para argumentar contra aspectos como que la ley obligue a inscribirse en un registro al personal que quiera aducir objeción de conciencia y que ésta sólo se reconozca a los médicos, según ha interpretado, y no al resto de profesionales sanitarios.
“Tampoco se permite la objeción –ha añadido– para el diagnóstico prenatal, que es un requisito necesario para saber si el nasciturus tiene o no una grave enfermedad que pueda permitir la aplicación de la ley”.
Se ha referido a las “trampas al margen de los padres” para que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar, según ciertas condiciones, sin consentimiento paterno, de manera que se “restringe” su patria potestad y aumenta la de la gestante hasta “recuperar antiguas tradiciones romanas del derecho de vida o muerte”.
Ha censurado la “discriminación” del padre del feto, pues “no tiene ni voz ni voto, ni se le informa absolutamente de nada”.
La parte más trascendente, ha destacado, es la que entiende el aborto como “ley de plazos”.
“Hoy en día –ha argumentado– la embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí (en ese momento),
habría que respetarla”.
Con la reforma de la ley, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.
En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha estimado que la discapacidad “nunca” puede ser un hecho relevante que permita o determine “tratos desiguales a los derechos” y ha tachado la norma de discriminatoria.
Además, Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por expertos en la materia de la plataforma ciudadana Derecho a Vivir, ha denunciado que en el primer día de entrada a vigor de la ley no se ha informado a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad.
Entretanto, la Organización Médica Colegial (OMC) ha vuelto a criticar que la ley otorgue exclusivamente al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede interrumpir su embarazo sin comunicárselo a sus padres si alegan violencia familiar.
