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Jueves 27/01/2022  

Campo de Gibraltar

Núñez tacha de "ambiguo" el decreto sobre viviendas irregulares de la Junta

El delegado de Urbanismo afirma que "no soluciona el problema de las edificaciones sino que las sitúa al margen de la ley".

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El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez, ha declarado hoy que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre las viviendas en situación irregular “resulta a todas luces complejo, ambiguo y contradictorio y, lo más grave, que a simple vista parece que no soluciona el problemas de estas edificaciones”.

Asimismo, el edil ha declarado que “no obstante, en principio hay que ser prudentes, pues lo que conocemos en el Ayuntamiento de Chiclana es un borrador y estamos a la espera de obtener el documento definitivo para realizar un análisis en profundidad”.

Para Andrés Núñez, este decreto tiene “un marcado carácter electoralista, pues la Junta de Andalucía lo ha aprobado en víspera de la celebración de unas elecciones autonómicas y no viene sino a demostrar la pasividad que durante años ha mantenido del gobierno andaluz respecto a este grave problema que sufre la comunidad y, en especial, Chiclana”. Respecto a esto, el edil del Partido Popular ha recordado que en el año 2002 el Defensor del Pueblo Andaluz ya advirtió de esta situación y desde entonces no se ha dado respuesta.

El concejal de urbanismo ha explicado que en un primer análisis se vislumbra que el mencionado decreto “no soluciona el problema de las viviendas sino que las sitúa al margen de la ley”.

Por tanto, Andrés Núñez ha declarado que "desde el equipo de gobierno lamentamos mucho que este Decreto no se haya aprobado antes, ya que mientras tanto la Junta de Andalucía estaba haciendo recaer sobre los ayuntamientos afectados, entre ellos el de Chiclana, una situación para la que no teníamos capacidad reguladora, o dejaba la iniciativa de algunos Ayuntamiento de una ordenanza, la ordenanza Marchena, que no daba solución al problema y que venía a generar más confusión si cabe a la situación".

Actualmente y bajo la vigencia de las normas subsidiarias aproximadamente el 80% del suelo es no urbanizable, si bien en el anulado PGOU existían aproximadamente unas 2.600 viviendas entre suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado.

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