La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido una opinión desfavorable, tanto en la auditoría financiera como en el cumplimiento de la legalidad, sobre el informe denominado 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Jerez' correspondiente al ejercicio del año 2018.
Según el informe, la actuación abarca las áreas de estructura organizativa y entidades dependientes, el presupuesto general, la liquidación del presupuesto y la Cuenta General, las modificaciones presupuestarias, el control interno, personal, los gastos e ingresos presupuestarios o las deudas con acreedores ordinarios.
Igualmente, abarca el endeudamiento financiero, las deudas con administraciones públicas, la tesorería, el remanente de tesorería, la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la sostenibilidad financiera, y la ciberseguridad del organismo y revisión de la seguridad en los procedimientos informáticos.
Entre los fundamentos más relevantes para la opinión desfavorable de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la auditoría financiera está que sobre la Cuenta General del ejercicio 2018 se ha "carecido de la información necesaria" para dar cumplimiento íntegro a los principios contables de devengo, prudencia, no compensación, imputación presupuestaria de gastos e ingresos, "por no reflejar la integración de las contabilidades y de todos los saldos y elementos patrimoniales en el Ayuntamiento, como así se ha señalado en el Informe de la Intervención general para el ejercicio 2018".
Además, señala el informe que "el Patrimonio Municipal de Suelo de este Ayuntamiento a fecha de la presentación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 no se encuentra definido, por lo que los valores incluidos en los balances del Ayuntamiento se encuentran pendientes de su revisión y actualización".
"La corporación no dispone de una valoración adecuada del Inventario Municipal de Bienes que permita realizar una correcta contabilidad patrimonial, circunstancia que ha impedido comprobar la razonabilidad de los importes registrados en el inmovilizado no financiero", ha señalado la Cámara de Cuentas.
Asimismo, ha reflejado que en el momento de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018, "se encuentran pendientes de realizar las labores de conciliación de la contabilidad municipal con el pendiente de cobro en la Recaudación municipal, estimándose esta conciliación necesaria para poder realizar la dotación de provisiones por insolvencias".
Además, la Cámara de Cuentas señala que "no se aporta por parte del Ayuntamiento la posible repercusión económica de los litigios en curso, por lo que no se puede hacer una estimación de la posible provisión a dotar, cuestión importante por tener pendiente un total de 509 litigios, siendo un total de 362 litigios (un 71,12%) correspondientes al orden contencioso".
Finalmente, en su informe recoge también que como resultado de la revisión efectuada en los sistemas de información, "se detecta un nivel de confianza limitada para garantizar su correcta ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones realizadas y la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la información relacionada".
"En los trabajos de campo se detectó, en concreto respecto al programa de gestión de nóminas, la ausencia de contrato en vigor con el proveedor", ha indicado la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha añadido que esto "genera importantes consecuencias", como que "esta aplicación no se actualizaba convenientemente y por lo tanto, no se corregían las vulnerabilidades detectadas y nuevas que pudieran surgir".
Otra de las consecuencias se de trata de "cómo se actualizaba los cambios económicos resultantes de los cambios legislativos y cómo estos eran realizados por el servicio de informática". "Estas manipulaciones no contaban con ningún control técnico que pudiera garantizar la trazabilidad, la autenticidad, la confidencialidad y la integridad", ha añadido.
Presupuesto, liquidación y cuenta general
Por lo que respecta a las "incorrecciones" detectadas en el presupuesto apuntan que se encuentran sin aprobar las cuentas recaudatorias del Servicio de Recaudación de Diputación, así como determinadas incorrecciones contables, señaladas ya en el informe de Intervención de la cuenta general de 2018. Asimismo, afea que se incluyan unos derechos de cobro por un importe de más de 29 millones de euros "que son de dudosa recuperabilidad". De igual modo critica que se utilice de manera recurrente una cuenta para satisfacer pagos de gastos que carecen de crédito y que no figuraban en la liquidación del presupuesto como pendiente de pago.
Por otra parte, señala que el Ayuntamiento de Jerez se encuentra "en situación de riesgo financiero" y apunta al remantente de tesorería negativo resultante en el ejercicio de 2018 que rozaba los 84 millones de euros.
Cumplimiento de legalidad
Entre los fundamentos más relevantes para la opinión desfavorable de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el cumplimiento de legalidad, critica que no se ha facilitado por el Ayuntamiento la información relativa a la muestra de personal solicitada, así como que no se aporta la documentación solicitada relativa a las comisiones de servicio y asignaciones temporales de funciones.
Asimismo, apuntan a que las aprobaciones de la Cuenta General, del Presupuesto General y de la liquidación de 2018 se realizaron fuera del plazo legal previsto. También se incumplieron los límites por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la administración local.
Por otra parte, se constata la tramitación de forma irregular, al no seguirse el procedimiento legalmente establecido, en diferentes prestaciones de servicios sin cobertura contractual o sin encomienda de gestión, y, en lo que respecta al área de transparencia, a pesar de disponer de un portal de transparencia, no se puede concluir que el Ayuntamiento cumpla con el principio de Transparencia.
Personal
En el apartado de Personal también apunta a una serie de circunstancias peculiares, como que el número de plazas recogidas en el documento ordenador de los recursos humanos, que es la RPT, para el régimen jurídico de funcionarios es inferior al número de plazas aprobadas en la plantilla presupuestaria. Asimismo, el número real de efectivos que prestan servicio en el Ayuntamiento como personal laboral en el Ayuntamiento es superior al número aprobado en la plantilla para este tipo de personal.
En relación al personal con la categoría de laboral indefinido no fijo que es el que representa el mayor número en el Ayuntamiento (937 efectivos en alta), no hay constancia de que la citada condición se haya obtenido siguiendo los cauces legales previstos. En consecuencia, podría encontrarse este personal en una situación de fraude de ley.
Asimismo, se recoge el pago de 987.029,17 € en concepto de complemento de productividad sin que existan criterios objetivos aprobados por el Pleno para su percepción.
El documento recoge igualmente que el gabinete jurídico del Ayuntamiento "entendemos que se encuentra infradotado, por el elevado número de litigios que debe gestionar el Ayuntamiento anualmente", lo que le lleva a optar por la contratación de bufetes externos y en los expedientes no se motiva suficientemente la necesidad e idoneidad del contrato.
También critica igualmente el pago de determinados pluses y gratificaciones que quedan "desnaturalizadas".
Ciberseguridad
Por útimo, en lo que respecta a ciberseguridad, el Ayuntamiento no se ajusta al Esquema Nacional de Seguridad, al no cumplir con las 75 medidas requeridas en el Anexo II del Real Decreto 3/2010, y reclama el nombramiento de un Delegado de Protección de Datos.
