El juicio contra catorce militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por participar en piquetes en la huelga general de 14 de noviembre de 2012 ha sido aplazado por no poder reproducir el juzgado un vídeo de la acusación, según ha dicho a Efe el líder jornalero Diego Cañamero.
Cañamero ha asistido a las puertas del juzgado a una concentración en solidaridad con los procesados junto a las diputadas regionales de Podemos María García y Libertad Benítez, y ha calificado de "lamentable" que la Justicia no cuente con medios como un reproductor de vídeo y que esta circunstancia haya hecho postergar el juicio hasta el 6 de abril tras tanto tiempo transcurrido desde los hechos que se juzgan.
Los catorce sindicalistas, que también han sido acompañados por el nuevo portavoz del SAT, Oscar Reina, están acusados de delitos como desacato, atentado a la autoridad, coacciones y desórdenes públicos y se enfrentan a una pena total de 60 años de cárcel y 78.000 euros de multa.
Reina ha considerado "una barbaridad" esta petición de penas que, según ha dicho, están basadas sólo en un informe policial y las ha interpretado como parte de una campaña de represión contra su sindicato.
Los hechos pendientes de juicio se produjeron en las localidades sevillanas de Los Corales y Martín de la Jara, que secundaron masivamente la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
Los acusados formaban parte de los piquetes informativos que asistieron a las puertas del instituto de enseñanza media para informar a los profesores, buen número de los cuales no eran vecinos de estos pueblos, y se desplazaban a diario hasta su instituto.
Los miembros de los piquetes se negaron a mostrar sus carnés de identidad a la Guardia Civil cuando los agentes se los requirieron, y uno de los sindicalistas que entregó el suyo a un suboficial se arrepintió y se lo quitó de las manos, según ha recordado Cañamero.
"No ocurrió absolutamente nada, ni hubo ningún tipo de daño personal, ni material. Nadie entiende esa escandalosa petición de la fiscalía basada en el informe policial enviado, cuando la citada huelga era legal y el derecho de informar a la entrada de los centros de trabajo está perfectamente recogido en la Constitución", según un comunicado del SAT.
Según la acusación, los miembros del piquete colocaron una cadena con candado en la puerta del instituto de Los Corrales y atravesaron un coche, impidiendo el paso de otros vehículos, para impedir el acceso de los once profesores designados como servicios mínimos, y cuando la jefa de estudios intentó acceder en su coche, acompañada por otra profesora, fue insultada por los piquetes.
