sevilla. agencias| La petición de un nuevo fiscal Anticorrupción para Sevilla pone en evidencia cómo la ciudad se ha convertido en el centro de una problemática que se consolida como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la corrupción, y que ha subido seis puntos en el último barómetro del CIS (ver página 9).
Tal evidencia la constata la petición realizada por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a la Fiscalía General del Estado para crear una tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, que ya se está tramitando, dado el incremento en el volumen de trabajo que se ha producido en los últimos cuatro años en esta delegación, con investigaciones tan voluminosas como el caso ERE, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
En este sentido, Segarra considera “necesario” que, de las 14 plazas de fiscal ya aprobadas para toda España, una de ellas se cree en Sevilla a fin de que la provincia pase de dos a tres fiscales delegados de Anticorrupción, todo ello dado el “volumen” de trabajo acumulado en los últimos años, con investigaciones como los ERE fraudulentos y el caso de las irregularidades en Invercaria.
Asimismo, los dos fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla están encargados también de las distintas irregularidades relacionadas con Mercasevilla, mientras que en los juzgados sevillanos también se investigan actualmente las irregularidades contables en UGT-A y el uso de las transferencias de financiación por parte de nueve empresas públicas de la Junta.
La fiscal jefe ha explicado que, actualmente, hay destinados en la provincia de Sevilla 89 fiscales -de los que dos son delegados de Anticorrupción-, que conforman una plantilla que no se ha visto incrementada desde hace ya cuatro años.
Mercasevilla
Uno de estos casos que aún siguen en investigación, el del delito societario de Mercasevilla, llevará hoy a declarar ante la jueza Mercedes Alaya a los dos peritos de la Agencia Tributaria que, entre otras irregularidades, denunciaron un gasto de 31.528 euros con la tarjeta VISA oficial, de los que sólo se justificaron 6.513 euros.
Este es uno de los tres sumarios del caso Mercasevilla que siguen abiertos -junto con la venta de los suelos y los ERE de 2003 y 2007- y en él están imputados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo, por presuntos delitos de malversación, delito societario, apropiación indebida y fraude y exacciones ilegales.
Según el peritaje que van a ratificar los expertos, Mellet gastó en dos años un total de 31.528 euros con la tarjeta VISA oficial, de los que sólo justificó 6.513 euros.
Además, Mercasevilla contabilizó como ingresos partidas que no tenían tal consideración y no registró como gastos otras que tenían esta naturaleza.
Como consecuencia de ello, “se ha alterado el resultado económico-contable y se ha ofrecido una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad”, dice el peritaje, y en concreto en el ejercicio 2008, de unos beneficios contables declarados de 258.024 euros se pasó, después de las correcciones, a unas perdidas de 7.885.285 euros.
De cuanto a patrimonio neto a 1 de enero de 2009, de 12.328.764 euros se pasa 3.022.091 euros, según los peritos.
Mercasevilla hacía un control “no adecuado” del uso de la VISA de Mellet, que entre 2007 y 2009 pagó con ella 31.528 euros de los que solo ha justificado 6.513,77, en su mayor parte en restaurantes de lujo de Sevilla, según el informe al que ha tenido acceso Efe.
De la misma manera, recogen irregularidades en 11.417 euros gastados por Ponce en un viaje a Vietnam.
Los auditores “no encuentran justificación” a una beca para estudiar diseño gráfico en Londres, pues no entienden como podría contribuir a los fines de la Fundación Mercasevilla, o la entrega de 16.412 euros a una joven, relacionada con un directivo de la Asociación de Mayoristas del mercado, lo que según el informe se hizo por “un ánimo de liberalidad”.
Entre las irregularidades, los peritos recoge el pago de un viaje del juez Baltasar Garzón para participar en un foro jurídico en Sevilla, donde se alojó en el hotel Alfonso XIII y para lo que la Fundación pagó al conferenciante sin retención del IRPF, como era su obligación.
En cuanto a las facturas por importe de 237.138 euros en 2004 y 89.468 euros en 2005 expedidas por Juan Francisco Algarín, uno de los supuestos testaferros del caso de los ERE, “no responden a ventas o servicios realmente prestados”, señalan los peritos.
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