O dicho de otro modo: la cuestión no es hoy la lucha contra la piratería en los mares del Sur ni la sacrosanta preeminencia de lo judicial, sino el rescate con vida de los treinta y seis marineros que llevan cuarenta días padeciendo suplicio a bordo de una nave en la que comienzan a escasear las subsistencias.
Las movilizaciones habidas durante el fin de semana en Galicia y el País Vasco, las palabras resueltas y estremecedoras de las mujeres de los secuestrados, e incluso la adhesión de una parte de la clase política a la idea de soltar a los dos forajidos que se hallan en nuestro poder, han conseguido desactivar el discurso hipócrita frente al que se había empantanado el caso, ese según el cual la última palabra sobre la vida y la muerte la tienen, en España, los tribunales, si es que no un sólo juez. En un país devorado por la corrupción política, por el fraude generalizado a la Hacienda Pública, por las conductas antisociales de tantos empresarios y banqueros, por la exasperante lentitud de la propia Administración de Justicia, por la sistemática conculcación de los preceptos constitucionales, por los abusos del Poder o por los atentados contra la intimidad y contra la libertad de expresión, sorprende que desde la Magistratura se diga, con rara unanimidad, que por nada del mundo puede hacerse aquello que devolvería la libertad a los pescadores del "Alakrana". Judicialmente es imposible, dicen, soltar a los dos piratas procesados aquí, como si el artificio legal se sobrepusiera obligatoriamente al deber natural y moral de salvar treinta y seis vidas.
